Romero, ¿Realidad científica o presunción política?

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Presa de Sabaneta 

Proyecto Romero: Entre el Rigor Científico y la Seguridad Jurídica

Por: Favio Junior.

El debate sobre el Proyecto Minero Romero en San Juan ha dejado de ser una simple confrontación entre minería y agricultura para convertirse en un análisis profundo sobre el modelo de desarrollo y la institucionalidad en la República Dominicana. En el centro de esta discusión se encuentran tres pilares fundamentales: la petición técnica de la Academia de Ciencias, el mandato de la ley y la necesaria seguridad jurídica para la inversión.

La Academia de Ciencias: ¿Oposición o Vigilancia?

Contrario a la percepción de algunos sectores, la postura reciente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) no es de una oposición ciega, sino de una exigencia de mayor estándar técnico. Al aceptar participar como veedora independiente del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la Academia valida la importancia de que la ciencia, y no la presunción, determine la viabilidad del proyecto.

Sin embargo, su petición de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) introduce un elemento nuevo. Si bien la EAE es una herramienta contemplada en la Ley 64-00 (Art. 38), su aplicación suele reservarse para políticas de Estado y planes de gran escala. Al solicitarla para Romero, la Academia busca que el Gobierno no evalúe solo "una mina", sino el futuro hídrico y agrícola de toda la región sur, elevando el debate a un nivel de planificación nacional.

Seguridad Jurídica: Las Reglas del Juego

Un punto crítico en este escenario es la seguridad jurídica. GoldQuest, como concesionaria, ha cumplido con los requisitos que la Ley Minera y la Ley de Medio Ambiente exigen para la fase de exploración y estudio. Negar la realización de los estudios ambientales o imponer requisitos que no estaban en el marco legal original al inicio del proceso podría enviar una señal de inestabilidad a la inversión extranjera.

La ley es clara: autorizar un estudio no es autorizar la explotación. 

El Estado dominicano tiene la facultad de permitir que la empresa ejerza su derecho a investigar, para luego, con los resultados en mano y tras vistas públicas obligatorias, decidir si otorga o no la licencia ambiental basándose en el Principio de Precaución.

El Corazón del Debate: San Juan y su Gente

En las calles de San Juan, la opinión se divide entre la urgencia y el miedo. Sectores comunitarios ven en la mina una esperanza de empleos tecnificados frente a una provincia con alto desempleo y éxodo de su juventud hacia otros lugares del país y el extranjero por falta de oportunidad y empleos de calidad, además una inyección económica en una provincia que ha visto languidecer su dinamismo tradicional. Para otros, especialmente los agricultores del valle, el río es sagrado y cualquier intervención en la "culata" de la presa de Sabaneta es vista como una amenaza existencial a su modo de vida.

El Mito del "Apoyo de la Academia" a la Oposición

Es crucial despejar una confusión común: los grupos que se oponen radicalmente al proyecto suelen citar a la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) como su base de apoyo. Sin embargo, existe una diferencia abismal en sus posturas. Mientras los grupos opositores piden la salida inmediata de la minera basándose en presunciones, la Academia plantea algo muy distinto: exigencia de datos y rigor científico.

La Academia no pide cancelar el proyecto por decreto; pide una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y actúa como veedora técnica. Pedir que se investigue más a fondo no es lo mismo que afirmar que hay un daño comprobado, especialmente cuando aún no existe ningún estudio científico finalizado ni una autorización de explotación otorgada por el Estado.

Cortando arroz

Minería vs. Agricultura: El Dilema Económico

El análisis de costo-beneficio es complejo. Por un lado, la propuesta de minería subterránea de GoldQuest promete una huella mínima y aportes al Estado que superan el 40% de sus beneficios, con fondos destinados por ley directamente a los municipios. Por otro lado, la producción agrícola del Valle de San Juan es un activo permanente que garantiza la seguridad alimentaria nacional. El reto del Gobierno no es elegir una sobre la otra, sino determinar si la tecnología de "circuito cerrado" y "cero químicos" realmente permite que ambas actividades coexistan sin que el oro de hoy agote el agua de siempre.

Minería Subterránea: La Apuesta Tecnológica

Expertos como extinto Ingeniero Ramón Alburquerque y técnicos de la propia empresa defienden que Romero no es "otra Falcondo" ni "otra Rosario Dominicana". Al proponer una minería subterránea con circuito cerrado de agua y sin uso de cianuro en el sitio, el argumento técnico es que el riesgo de contaminación del río San Juan es mínimo o inexistente. 

Bajo esta modalidad, el agua del río no se toca y el mineral se extrae mediante procesos físicos de flotación.

Conclusión: La Ciencia como Único Juez

El país se encuentra en una encrucijada donde debe armonizar el respeto a la inversión privada con la protección de sus recursos naturales más sagrados. La petición de la Academia debe ser vista como una oportunidad para que el Estado dominicano fortalezca su rol supervisor.

Si los estudios avanzan con la transparencia que promete la veeduría de la Academia, el resultado sea un "sí" o un "no" a la mina tendrá una legitimidad que hoy se disputa en las calles. 

El Proyecto Romero no debe decidirse por consignas, sino por evidencias. Ni la oposición puede alegar daños que no han sido probados en estudios, ni la empresa puede operar sin el filtro de la vigilancia científica. 

La participación de la Academia asegura que, si el estudio demuestra que la protección hídrica es real, San Juan pueda aprovechar sus recursos; y si demuestra riesgos, el Estado tenga la base legal para detenerlo. Al final, el respeto a la ley y la verdad científica son las únicas vías para un desarrollo responsable.